Mostrando 3 resultados

El escrito estaría dirigido al ministro de Gracia y Justicia, que al comienzo de Sexenio Provisional era D. Manuel Ruiz Zorrilla, pero en el texto no hay nombre. Los obispos consideran que el alzamiento, comenzado como un cambio político, no debería provocar esta exposición que hacen los obispos, sería innecesaria ; pero por sorpresa del pueblo católico español, lo que proclamaba el alzamiento era justicia, moralidad igualdad de derecho, respeto a la propiedad y libertad de asociación... pero la realidad es que la piqueta revolucionaria se ha aplicado a destruir templos; a las clases más respetables se les priva de sus domicilio... los obispos no pueden menos de lanzar un grito y reprobar solemnemente sobre las ruinas de tantos templos desolados. Lo que más ha impresionado a los obispos, lo más doloroso, son algunas disposiciones del Ministerio de Gracia y Justicia: se quiere gobernar una nación católica hiriendo, violentando lo más sagrado. No es ese el camino, sino la ruina: lo relativo a las monjas es una injusticia, romper el Concordato con la S. Sede, despojar la Conferencia de San Vicente de Paul con su utilidad en el socorro físico y moral, desencadenamiento de la prensa, desacato al Papa sacándole coplas, acometida bárbara a la Nunciatura...

El escrito va dirigido a las provincias eclesiásticas españolas, como modelo para ser enviado al ministro de Gracia y Justicia.- El motivo inmediato es que los obispos se han enterado por la Gaceta [de Madrid, o del Estado] que se establece un nuevo presupuesto de obligaciones eclesiásticas, que cambiaría sustancialmente las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia. Esa ley da el último golpe al Concordato y despoja a la Iglesia de España de lo que le había quedado para el sostenimiento del culto y de sus ministros. La voz de los obispos no ha sido escuchada ni por las Cortes ni por el Gobierno. Se ha negado la verdad, desconocido el derecho, contrariado la justicia y sin ningún respeto ni consideración se ha privado a la Iglesia de sus legítimos y sagrados intereses. Los obispos no pueden consentir semejante despojo, por lo que los obispos se oponen a que esa ley tenga aplicación en sus diócesis y ratifican ante el gobierno y la nación la protesta que hicieron ante el Congreso los prelados reunidos en Zaragoza, en su exposición del 12 de octubre pasado, a la que se han adherido todos los obispos del reino. Consideran las disposiciones injustas, y de ningún valor ni efecto nulas. Seguirán exigiendo el cumplimiento del Concordato del 1851, que por derecho le corresponde como dotación que se señaló en lugar de los bienes de que fue privada o permutó con el Estado. No se debe molestar el Gobierno en implantar dicha ley en la diócesis... Rotas completamente todas las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

Consideran gravísima la reforma de separar la Iglesia del Estado. Consideran que será un debilitamiento de las dos entidades. No es proclamar la independencia absolutamente necesaria de las dos Potestades, como a veces se finge. Significa el empeño de expulsar a Dios del Estado o de construir un Estado sin Dios... Ruegan a los señores Diputados nieguen su aprobación al indicado proyecto.